INE Aplican 3 encuestas en Tarija

El Instituto Nacional de Estadística (INE) inició en el departamento, al igual que en el resto del país, tres encuestas destinadas a conocer cual es la situación económica de la población,

A casi un mes de la firma de acuerdos entre la Gobernación y los trabajadores del Plan Empleo Urgente Productivo (PEUP), nuevamente este sector ingresó ayer en movilizaciones y en estado de emergencia demandando a la institución ejecutiva la cancelación de salarios y la continuidad del programa la próxima gestión.
Un centenar de trabajadores se movilizaron en marchas de protesta, pues según los dirigentes del PEUP, se les adeudaba a los trabajadores del programa desde hace dos meses. Sin embargo, la movilización cesó con el anuncio del interventor del programa, Teodoro Alejandro, quien dijo que ya se procedió a pagar el salario de un mes, y hoy se procederá a pagar lo adeudado.
Miguelina Gutiérrez, trabajadora del (PEUP) en la provincia Cercado, dijo que su sector salió nuevamente a las calles y se declararon en emergencia por el retraso en los sueldos y la incertidumbre en la continuidad del programa el próximo año.
“Estamos sin sueldos desde hace dos meses, por lo menos deberían pagarnos uno, no tenemos para mantener a nuestra familias, además queremos que las autoridades departamentales vayan trabajando en el programa para el próximo año, sino quedaremos sin empleo y eso no vamos permitirlo”, dijo Gutiérrez.
El interventor del PEUP, Teodoro Alejandro, cuestionó las medidas de presión de algunos grupos de trabajadores demandando el pago de salarios, pues dijo que se procedió al pago de sueldos de un mes que se les adeuda y no de dos meses como reclaman los trabajadores eventuales.
“Mentira que se debe dos meses, sólo se debe de septiembre y eso lo pagamos hoy. Por eso nos sorprende que nuevamente salgan los trabajadores a marchar, al parecer más responde la movilización a intereses políticos, por otros temas relacionados a cambios dentro la institución”, indico Alejandro.
La dirigencia del PEUP y los trabajadores demandan a las autoridades departamentales garantizar la continuidad del programa la próxima gestión, que según autoridades departamentales, no podrá ser una realidad debido a la falta de recursos económicos.
La dirigente de los trabajadores del PEUP de la provincia Arce, Simona Espada, dijo que como beneficiarios de los programas no permitirán el cierre del PEUP como pretende el gobernador Adrián Oliva. Dijo que decidieron declarase en estado de emergencia e iniciar gestiones ante la Asamblea para la modificación de la ley departamental.
“Queremos que presupuesten recursos en el POA 2016 y nosotros vamos a trabajar con la Asamblea para que se trabaje una nueva ley con la finalidad de garantizar fuentes de empleos para nuestro sector”, dijo.
Sobre la continuidad del programa, Alejandro manifestó que no hay recursos previstos para este programa en la siguiente gestión y aclaró que de continuar el programa, estará destinado a la capacitación de los trabajadores para que con el apoyo de la Gobernación puedan crear sus propias fuentes de trabajo.
“Nosotros también nos vamos a sujetar en la ley que sacó la Asamblea el año 2010 para dar empleo sólo por cinco años, que sólo está vigente hasta diciembre de este año. No se puede poner un peso más, no hay un instrumento legal y no se puede seguir con el programa el próximo año”, finalizó la autoridad departamental.

Presupuesto del PEUP es de Bs 25 millones

La ejecución del Plan Empleo Urgente Productivo (PEUP) le demanda a la Gobernación cada año una inversión entre 25 y 30 millones de bolivianos. El 70 por ciento de esos recursos es destinado a cubrir salarios para los casi de tres mil trabajadores en el departamento.
Según el secretario de la Gobernación, Luis Alfaro, las autoridades departamentales tomarán una decisión a fines de gestión para ver cómo se reorienta el programa destinado, en todo caso, a la capacitación técnica de los trabajadores y a reorientar las fuentes de empleo para que sean sustentables y dependiente de la Gobernación.
Este programa ha sido fuertemente cuestionado por el sector de los empresarios privados, quienes piden a las autoridades departamentales repensar este programa.