El sector agroalimentario quiere apoyar y creer en un proceso cuyos resultados debieran permitir al Estado establecer las fortalezas y las debilidades que como país agropecuario tenemos. Sin embargo, hay nubarrones que siembran dudas en la credibilidad de los datos finales del censo agropecuario, comenzando por una insuficiente campaña y coordinación previa con los sectores interesados, a quienes no se les consideró como dueños del proceso, más por el contrario se han sentido como comensales de último momento, de quienes incluso se dijo que exageraban los problemas que atraviesan, como la ocupación ilegal de tierras.
Que la falta de resolución de la toma de predios agropecuarios o el otorgamiento del derecho de propiedad no son competencia del INE, está claro; pero tampoco es posible negar que hubo la intención de censar a los denunciados por ocupación ilegal y que estos grupos irregulares buscan figurar en la cartografía como un medio de prueba ante el INRA de sus supuestos derechos.
La cartografía desactualizada es otro tema que inquieta, porque varios productores han reparado que sus predios no aparecen en la misma, lo que ha determinado que no los encuesten y pasen a los vecinos. Los municipios no han sido divididos en polígonos que permitan una mejor campaña de difusión y fechas ciertas de visitas a los diferentes predios. No es lo mismo tomar la información del propietario, que de los trabajadores o alquilantes del predio.
Los productores extranjeros sienten una sutil persecución por su origen, por lo tanto, no saben si la información que den pueda visibilizarlos para extorsionarlos, tomar sus tierras, o para que el INRA vuelque sus ojos hacia ellos para encontrar algún motivo para revertir su fundo.
¿Cómo se van a tener datos veraces de la cantidad y calidad de maquinaria empleada en el agro, cuando el proceso de regularización de la misma ni siquiera ha empezado en nuestro departamento? El insuficiente transporte brindado a los encuestadores es otro problema, sumado al tiempo para concluir el censo (45 días), que no condice con los 21 años que está necesitando el INRA para sanear y catastrar todos los predios rurales. Creemos necesario sugerir, a la muy razonable ministra de Planificación (Viviana Caro), que antes de lanzar resultados definitivos, los mismos puedan compartirse con las organizaciones de productores de todo el país, para resolver los varios obstáculos de este proceso y acercarnos lo más posible al estado de situación de nuestra realidad agroproductiva, que a continuación de hidrocarburos y minería, es el tercer pilar fundamental de la economía nacional
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martes, 22 de octubre de 2013
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